Presentaron ante la corte suprema de justicia una demanda por inconstitucionalidad contra la ley 256 de factura electrónica, han pedido se derogación el colegio nacional de abogados y la FEDAP.
Afirman que la iniciativa fue inconsulta y rechazaron la ley, pues aducen que “es un atentado contra la libre profesión y viola el artículo 40 de la Constitución que señala que no se establecerá impuesto o contribución para el ejercicio de profesiones liberales y de oficios y artes”.