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Panamá está dentro de la lista de prioridades de Donald Trump

El 1 de julio, Estados Unidos y Panamá firmaron un acuerdo para abordar la migración irregular, especialmente a través del peligroso Tapón del Darién, una ruta principal para migrantes que se dirigen hacia el norte. En virtud del acuerdo, EE.UU. financiará los vuelos de repatriación y brindará apoyo logístico para expulsar a los migrantes ilegales que ingresan a Panamá. Además, Estados Unidos colaborará con el gobierno panameño en la capacitación de su personal para identificar y expulsar a los migrantes de acuerdo con las leyes locales. Este esfuerzo se alinea con las políticas del gobierno de Donald Trump, que se aplicó desde el mandato de Joe Biden para una respuesta coordinada frente a la crisis migratoria en la región.

 

Lo que se va en marcha

Para los inmigrantes que sean deportados, Estados Unidos cubrirá el costo de los vuelos, ya sea mediante aviones chárter o boletos comerciales, para su regreso a los países de origen. Sin embargo, los funcionarios no detallaron el monto exacto que Estados Unidos aportará para estos vuelos ni a qué países se enviarán a los inmigrantes deportados.

Este programa estará completamente bajo la autoridad de Panamá, de acuerdo con las leyes migratorias del país, y las decisiones serán tomadas por el gobierno panameño, según informaron los funcionarios estadounidenses. Además, mencionaron que Panamá ya dispone de un programa de repatriación, aunque con recursos limitados.

El acuerdo se firma en un contexto en el que el Tapón del Darién se ha convertido en una especie de "autopista" para migrantes que atraviesan América del Sur con destino a los Estados Unidos. Este corredor, que conecta Panamá con Colombia al sur, ha sido utilizado por más de medio millón de personas el año pasado, y más de 190,000 migrantes ya lo han cruzado en 2024. La mayoría proviene de Venezuela, Ecuador, Colombia y China.

A principios de junio, el presidente Joe Biden introdujo una nueva política para restringir el acceso al asilo en la frontera sur, limitando este derecho cuando el número de llegadas alcanzara ciertos umbrales. Como resultado de estas restricciones, funcionarios de Seguridad Nacional han informado que las detenciones de la Patrulla Fronteriza han disminuido en un 40% desde su implementación.