En un movimiento que podría redefinir el equilibrio de poder en el comercio global, el conglomerado CK Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong, acordó vender la mayoría de sus acciones en las unidades que operan los puertos panameños. La venta, dirigida a un consorcio liderado por BlackRock Inc., ocurre en medio de crecientes preocupaciones en Washington sobre la influencia china en una ruta comercial estratégica.
La decisión se produce tras las acusaciones del presidente Donald Trump, quien denunció una posible interferencia de Pekín en las operaciones del Canal de Panamá. En una presentación oficial este martes, CK Hutchison Holdings confirmó que transferirá la totalidad de sus participaciones en Hutchison Port Holdings y Hutchison Port Group Holdings. Ambas unidades poseen el 80% del grupo Hutchison Ports, que administra 43 puertos en 23 países.
El acuerdo implica que el consorcio, compuesto por BlackRock, Global Infrastructure Partners y Terminal Investment Limited, adquirirá el 90% de Panama Ports Company. Esta compañía tiene el control de los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en puntos estratégicos en ambos extremos del canal.
La influencia china sobre estos puertos ha sido motivo de preocupación en el Congreso de EE.UU. El senador republicano Ted Cruz advirtió que Pekín podría utilizar estas instalaciones para vigilar o incluso bloquear el paso por el canal. "Esta situación representa un grave riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos", afirmó Cruz.
La presión de Washington escaló aún más cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, visitó Panamá en febrero y advirtió al presidente José Raúl Mulino sobre las consecuencias de mantener lazos con China en asuntos estratégicos. Aunque Mulino negó que Pekín tenga control sobre las operaciones del canal, poco después de la visita, Panamá decidió retirarse de la Iniciativa del Cinturón y la Ruta de China, lo que desató el rechazo de Pekín.
El escrutinio sobre Hutchison Ports ya estaba en curso, especialmente después de que la empresa obtuviera una polémica extensión de 25 años para operar los puertos sin licitación. Las autoridades panameñas iniciaron una auditoría para revisar el contrato, en lo que muchos analistas interpretaron como el primer paso hacia una nueva licitación. Sin embargo, en las últimas semanas han circulado informes que sugieren que una empresa estadounidense cercana a la Casa Blanca podría asumir el control de estas operaciones, consolidando así el giro estratégico impulsado por la administración de Trump y sus aliados en el Congreso.