
Un devastador incendio en la planta termoeléctrica Pan Am Generating Ltd., ubicada en La Chorrera, ha desatado una investigación de alto nivel que involucra varias instituciones gubernamentales y preocupa seriamente sobre los posibles riesgos ambientales en la región. El siniestro, ocurrido la noche del sábado, dejó no solo daños materiales significativos, sino también un apagón que afectó a todo el país, y ha puesto en la mira la gestión de la planta, que ya ha sido objeto de múltiples denuncias a lo largo de los años.
La Dirección de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI), dependiente del Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, lidera las investigaciones. Este lunes, el ingeniero Aldo Alvarola, experto del DINASEPI, anunció que ya se ha identificado un punto probable de origen dentro de la galera donde se produjo el incendio, aunque aclaró que se requieren más pruebas antes de poder confirmar la causa exacta.
En primera instancia, se había señalado a un transformador de 50 megavoltamperios (MVA) como posible origen del fuego, lo cual, además de los daños directos, resultó en una interrupción eléctrica a nivel nacional. Sin embargo, Alvarola aseguró que la investigación continúa y, por lo tanto, no se puede establecer una fecha para su conclusión. Los expertos aún deben entrevistar al personal de turno del día del siniestro, realizar una inspección más exhaustiva del transformador y analizar más pistas que podrían arrojar más claridad.
Mientras tanto, la planta se mantiene cerrada de forma indefinida, y aunque el almacenamiento de Bunker C en el sitio no representa un riesgo inmediato, el cierre ha disparado las alarmas en varios frentes. Las autoridades ambientales, encabezadas por el Ministerio de Ambiente, han puesto en marcha sus propias investigaciones.
Juan Carlos Navarro, ministro de Ambiente, destacó que, en los 20 años de funcionamiento de la planta, la comunidad local ha presentado diversas quejas sobre su operación, la más reciente en el mismo día del incendio. Desde octubre de 2024, el gobierno había comenzado a realizar inspecciones regulares y a abrir procesos administrativos debido a las recurrentes violaciones a las normas ambientales, incluidas las que obligaban a la planta a reconvertirse al uso de gas natural desde 2017, sin que se haya cumplido con esta exigencia.
En este contexto, Navarro ha solicitado a la Secretaría Nacional de Energía y la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) una revisión minuciosa de los contratos de concesión de Pan Am Generating, LTD, para evaluar si su continuidad en funcionamiento es viable. Además, se revisarán los expedientes relacionados con el incumplimiento de las normativas ambientales, que incluyen el incumplimiento de la reconversión a gas natural.
Con estos antecedentes, el ministro de Ambiente ha dejado claro que solicitará el cierre definitivo de la planta, aunque dicha decisión dependerá de una consulta con las autoridades competentes, como la Secretaría Nacional de Energía y la ASEP.
Este incendio no solo ha puesto en evidencia graves fallas operativas y de seguridad en la planta, sino que también ha generado un creciente cuestionamiento sobre la efectividad de los controles ambientales en el país. En medio de este escándalo, las autoridades están bajo presión para garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias de este incidente, mientras que la comunidad local y el país entero esperan respuestas claras y rápidas.