En una reciente sesión del pleno, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, sufrió una derrota significativa al perder la ponencia en una demanda de inconstitucionalidad presentada contra la sentencia que condenó al ex presidente Ricardo Martinelli en el caso New Business. La condena, que fue vista por algunos como una violación del Principio de Especialidad del Tratado de Extradición de 1904 entre Panamá y Estados Unidos, suscitó un intenso debate legal.
El magistrado Olmedo Arrocha, quien asumirá ahora el rol de ponente en este caso, ha sido designado para la admisión y remisión al procurador o procuradora en turno, según el procedimiento judicial correspondiente.
La figura de López ha sido objeto de duras críticas, ya que se le acusa de estar implicada en lo que muchos perciben como una persecución política contra Martinelli, contribuyendo a su exclusión de las elecciones presidenciales de mayo de 2024. En consecuencia, la ex magistrada ha sido demandada por la defensa de Martinelli en la Asamblea Nacional por presunto abuso de poder y por infringir los deberes que le corresponden a los servidores públicos.
Una votación reñida y un principio en juego
La demanda de inconstitucionalidad fue debatida en el pleno del pasado jueves, y tras una votación dividida, López perdió la ponencia. Cuatro magistrados votaron en contra de la admisión de la demanda, mientras que cinco lo hicieron a favor. De esta manera, se concreta un ciclo de tres demandas similares contra el proceso judicial seguido contra Martinelli, todas con el objetivo de hacer valer el Principio de Especialidad que rige las extradiciones entre países.
Además, el mismo magistrado Olmedo Arrocha ha sido asignado a resolver dos demandas adicionales relacionadas con la indagatoria a Martinelli, que fueron acumuladas en un solo expediente.
El abogado Ángel Álvarez, quien ha representado a Martinelli en esta lucha legal, reiteró su postura presentada en 2015 y 2016, cuando se solicitó la extradición del ex presidente a Estados Unidos. En ese momento, Álvarez argumentó que, si las autoridades panameñas deseaban juzgar a Martinelli por otros cargos distintos a los relacionados con el caso de las escuchas ilegales ("pinchazos"), dicha intención debía estar explícitamente consignada en la solicitud de extradición.
El Principio de Especialidad: Un principio de 150 años
El Principio de Especialidad, que regula las extradiciones internacionales, ha sido la piedra angular de esta controversia. Este principio establece que un individuo extraditado solo puede ser procesado por los delitos mencionados en la solicitud de extradición. De acuerdo con Álvarez, esta norma, que tiene más de 150 años de vigencia, es universalmente aceptada, no solo en Estados Unidos, sino también en otras naciones.
En el Tratado de Extradición de 1904, en su artículo VIII, se detalla que el extraditado no puede ser juzgado por cargos no especificados en el pedido original. Este principio también cuenta con el respaldo de la Convención de Montevideo de 1933, un tratado internacional que Panamá y Estados Unidos ratificaron y que refuerza la protección de los derechos de las personas extraditadas.
Con esta última decisión, la Corte Suprema de Justicia entra nuevamente en un territorio legal y político delicado, donde la interpretación de tratados internacionales y los principios fundamentales de la justicia penal continúan siendo el eje de un debate que no muestra señales de resolverse pronto.